Defensa penal

Hemos entendido que el ejercicio de la defensa en los procesos penales debe comenzar desde el momento en que a cualquier ciudadano se le atribuye la comisión de un delito o meramente aparece como sospechoso, sin que sea necesario figurar todavía como investigado en un procedimiento judicial.

Esa previsión permite alcanzar mayores resultados de éxito por tres vías: evitando que el procedimiento judicial llegue a abrirse, impidiendo la adopción de medidas cautelares gravosas —muy señaladamente la prisión provisional— y planificando con tiempo una estrategia de defensa que no tenga que improvisarse en sala.

Quien dirige la defensa ha ocupado antes los otros dos asientos del proceso: cinco años como juez en los Juzgados de Ceuta y tres ejercicios como fiscal en la Fiscalía Provincial de Cádiz. Saber cómo se construye una resolución y cómo se sostiene una acusación cambia la forma de atacarlas.

Derecho penal económico. Es el núcleo del despacho. Comprende los delitos contra la Agencia Tributaria y la Seguridad Social —del fraude fiscal a los delitos contra los derechos de los trabajadores—, los delitos societarios —falsedad de cuentas y documentos sociales, administración fraudulenta, imposición de acuerdos abusivos— y la amplia categoría de los delitos socioeconómicos: fraude financiero, delitos bursátiles, blanqueo de capitales, fraudes en los medios de pago, estafas graves, corrupción pública y privada, falsificación de moneda, defraudación de marcas y patentes, revelación de secretos empresariales y espionaje industrial.

Delitos contra la Administración pública. Prevaricación de funcionarios, abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.