Abogado en delito fiscal
y contra la Seguridad Social

El artículo 305 del Código Penal castiga a quien defrauda a la Hacienda Pública —estatal, autonómica, foral o local— eludiendo el pago de tributos, obteniendo devoluciones indebidas o disfrutando indebidamente de beneficios fiscales, siempre que la cuota defraudada supere los 120.000 euros por tributo y ejercicio. Por debajo de esa cifra la conducta es una infracción administrativa.

La pena es de uno a cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuota, además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones y beneficios fiscales. El artículo 305 bis eleva la prisión a dos a seis años cuando la cuota supera los 600.000 euros, cuando se actúa dentro de una organización o cuando se utilizan personas, sociedades o paraísos fiscales interpuestos para ocultar al verdadero obligado.

El fraude a la Seguridad Social del artículo 307 sigue una estructura parecida, con un umbral de 50.000 euros en un plazo de cuatro años naturales.

• La cuota: el cálculo de la Inspección no vincula al juez penal. Los gastos deducibles, la imputación temporal de rentas y la calificación de las operaciones se discuten con pericia propia.
• El dolo: la interpretación razonable de una norma tributaria dudosa, o el error, excluyen el delito aunque exista deuda.
• La regularización: pagar la deuda completa antes de recibir la notificación del inicio de actuaciones de comprobación o de la querella excluye la responsabilidad penal.
• La prescripción: el delito fiscal prescribe a los cinco años, y a los diez en los casos del 305 bis. El cómputo de cada ejercicio exige un análisis detallado.
• El administrador: en los delitos cometidos a través de sociedades, la acusación debe probar quién decidió y conoció el fraude, no solo quién firmaba.

¿A partir de qué cantidad el fraude fiscal es delito?

Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros por tributo y periodo impositivo. En el IVA y el impuesto sobre sociedades el periodo es el año natural o el ejercicio.

¿Si pago lo que debo se archiva la causa penal?

Si el pago completo se hace antes de que Hacienda notifique el inicio de una comprobación, o antes de la denuncia o querella, se excluye la responsabilidad penal. Si se paga después, es una atenuante muy cualificada que permite rebajar la pena uno o dos grados, siempre que se haga en los dos meses siguientes a la citación como investigado y se reconozcan los hechos.

¿Qué pasa con la deuda tributaria durante el proceso penal?

Hacienda puede seguir liquidando y cobrando la deuda vinculada al delito mientras se tramita el proceso penal, salvo que el juez suspenda la ejecución. Es una cuestión que hay que gestionar en paralelo a la defensa.

Las causas por delito fiscal en Málaga suelen empezar del mismo modo. La Agencia Tributaria aprecia indicios de delito en una inspección, paraliza el procedimiento administrativo y pasa el tanto de culpa al juzgado o remite el expediente al Ministerio Fiscal, que presenta denuncia o querella.

En la Costa del Sol son frecuentes las que afectan a sociedades patrimoniales, a operaciones inmobiliarias y a la residencia fiscal de extranjeros con patrimonio en España. La cuantía defraudada por ejercicio, la posible regularización y la responsabilidad de los administradores se discuten desde ese primer momento.

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