El juicio rápido

El procedimiento para el enjuiciamiento rápido (artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) se aplica a delitos castigados con prisión de hasta cinco años, o con otras penas de hasta diez, cuando el proceso se inicia por un atestado policial con el investigado detenido o citado ante el juzgado de guardia. Además debe tratarse de un delito flagrante, de uno de los delitos que la ley enumera —lesiones, amenazas, coacciones, violencia doméstica, hurtos, robos, delitos contra la seguridad vial, daños, entre otros— o de un hecho cuya instrucción se presuma sencilla.

El juez de guardia practica en pocas horas las diligencias necesarias: declaraciones, informes médicos, antecedentes. Si considera que hay base para la acusación, el fiscal formula su escrito y se abre el juicio oral, que se celebra ante la sección de lo penal en un plazo breve. Si la causa no es tan sencilla, se transforma en un procedimiento ordinario.

La ley ofrece al investigado la posibilidad de mostrar su conformidad con la acusación en el propio juzgado de guardia. Si la pena pedida no supera los tres años de prisión, el juez dicta sentencia en el acto y la reduce en un tercio. Es un incentivo poderoso, pero supone una condena firme con antecedentes penales. Debe aceptarse solo después de analizar la prueba y las consecuencias, nunca por la presión del momento.

¿Es obligatorio aceptar la conformidad en la guardia?

No. Es una opción. Si no se acepta, el procedimiento sigue y se celebra juicio, donde la defensa puede discutir la prueba con todas las garantías.

¿Una condena por juicio rápido genera antecedentes?

Sí. Toda condena por delito, también la dictada por conformidad, se inscribe en el Registro Central de Penados. Los antecedentes pueden cancelarse cuando transcurren los plazos legales.